noalacoso_web@hotmail.com Tienen una bandera negra que se burla de la esperanza y melancolía para avanzar por la vida...Sólo hay uno entre cien y sin embargo existen,y se mantienen firmes, codo a codo, dichosos y por ello siempre en pie:los Anarquistas.
El presupuesto municipal de 2009, aprobado definitivamente el pasado 18 de mayo, acaba de ser impugnado por la CIG en el Juzgado Contencioso Administrativo de Ourense.
El sindicato expone que la Relación de Puestos de Trabajo ‘e por extensión o cadro de persoal laboral e funcionario contén elementos discriminatorios’, concretamente salarios base distintos para las mismas categorías profesionales (en el caso del personal laboral) y también diferencias en complementos específicos para los funcionarios.
La CIG considera que se vulneró el derecho de negociación colectiva pues ‘non a houbo para o cadro de persoal’, el principio de igualdad (salarios bases diferentes) así como el procedimiento legalmente establecido para la aprobación del presupuesto. El presupuesto municipal de 2009 de Verín asciende a 8.160.036 euros de los que 3.444.046 están destinados al capítulo de personal. El alcalde, Juan Manuel Jiménez, que confía en que no se alterará la aprobación del documento porque ‘al juez le va a dar la risa cuando vea que la Relación de Puestos de Trabajo que dice la CIG que es ilegal fue elaborada y firmada por este sindicato con el anterior grupo de gobierno, PSOE, BNG e Independientes’. Señala que ‘es la CIG la verdadera artífice de la RPT y, por tanto, no podemos entender que ahora diga que no le gusta’.
http://www.laregion.es/noticia/98326/ver%C3%ADn/sindicato/impugnaci%C3%B3n/juzgado/presupuesto/municipal/
La CIG podrá incorporarse a la comisión de seguimiento del plan de la minería de As Pontes
[La Voz de Galicia] La CIG podrá incorporarse a la comisión de seguimiento de la minería de As Pontes, como demandó por vía judicial. El Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol así lo ha decidido.
En la sentencia se indica también que se integrarán a la misma a los delegados Infante Casás y Cabaleiro Pellón. Se pone fin así, al menos si la sentencia no es recurrida ante instancias superiores, al conflicto surgido por la constitución de la Comisión de Seguimiento y Control del Plan de Reestructuración y Racionalización del plan de Prejubilaciones de Endesa Generación de As Pontes, que así se llama el ente.
Las otras centrales
Ocurre que la comisión se había constituido por la empresa y los sindicatos UGT y CC.?OO. pero la CIG rechazó incorporarse en un comienzo. Su representante aseguró el día del juicio que lo habían hecho porque preferían aguardar a conocer la decisión de la asamblea de los trabajadores en torno el asunto, que fue de aprobación de los acuerdos que pusieron fin a la negociación colectiva sobre esta materia.
Aunque la decisión de la asamblea había sido favorable la central nacionalista era contraria a
determinados aspectos del plan, que tiene un ámbito temporal del 2006-2012. Posteriormente, los integrantes de la mesa pidieron a la CIG que solicitase formalmente su entrada, pero no lo hizo ante la comisión y sí a la empresa principal. Se creó entonces una situación complicada porque la central mayoritaria en la central térmica (CIG) permanecía fuera del órgano que tendría que examinar las jubilaciones anticipadas, ansiadas por muchos empleados, entre ellos afiliados a la central.
El juez Eloy Hernández sugiere en la sentencia que no se vulneró el derecho de libertad sindical. La sentencia considera que, a pesar de la situación creada «no hay razón actualmente que justifique la exclusión o minoración de capacidad de actuación sindical en una comisión que aunque no se defina como negociadora, realmente va más allá de un mero control o seguimiento». Es decir, el magistrado sugiere que un derecho fundamental (el sindical) no puede ser interpretado o restringido con «formalismos impeditivos». Considera que hay que buscar «con rigor la efectividad real del ejercicio» de este derecho.
Los acuerdos de la comisión tomados los pasados meses con ausencia de la CIG tienen plena validez.http://www.amigus.org/web/archives/008699.php
declaraciones en el interior CámaraEl portavoz del BNG en el Parlamento, Carlos Aymerich, ha remitido un escrito a la presidenta, Dolores Villarino, en protesta por que esta mañana no se dejase a representantes de la CIG hacer declaraciones en las dependencias de la institución.
Mientras, el sindicato también ha reclamado que se aclare quién impidió a sus miembros explicar una iniciativa legislativa popular contra el complemento de los altos cargos y asegura que, si fue la propia Villarino, debería exigirse su dimisión.
En nota de prensa, el BNG asegura que la CIG había informado a los medios de su entrega en el registro del Parlamento de esta iniciativa legislativa. Pero cuando los sindicalistas llegaron al recinto, los servicios de la Cámara les indicaron que, "por orden de la presidenta -dice la nota- la atención a los medios" tenía que ser fuera del recinto.
Aymerich recuerda en su escrito que no es la primera vez que se viven hechos semejantes, ya que esta misma legislatura se impidió al presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística atender a los periodistas en el Parlamento, lo que "parece no ser de aplicación a otras asociaciones o personas".
"Más allá del tópico, argumenta el diputado del Bloque el Parlamento es la asa de todos, también de las organizaciones nacionalistas", por lo que reclama que hechos como este no deben repertirse.
Por su parte, la CIG ha exigido en nota de prensa que se aclare quién tomó la decisión de impedir a sus representantes hacer declaraciones en el edificio parlamentario, lo que resulta "sorprendente y alarmante" y dice que si fue Villarino "debería exigírsele su dimisión por manifestar una conducta reiterada y claramente antidemocrática".
A juicio de la CIG, resulta "especialmente grave" que se tome una decisión de estas características cuando se presenta una iniciativa legislativa popular que persigue más pluralidad y participación de la sociedad civil./adn.es vigo