DISCRIMINADOS PACIFISMO ANARQUISTA

ha comenzado este curso académico 2008/2009 recibiendo el último ataque neoliberal del gobierno de Silvio Berlusconi:
  La ley Gelmini. Llamada así por el nombre de la ministra de Instrucción Pública, Mariastella Gelmini, supone la última y más agresiva vuelta de tuerca en un proceso de desmantelamiento del sistema italiano de educación pública que se remonta a varios años atrás (con leyes como la Cechino-Berlinguer o la afortunadamente rechazada ley Morati), y que guarda estrecha relación con otros procesos similares en el resto de estados europeos y a nivel internacional. La reforma se justifica con el argumento de hacer frente a los problemas estructurales y financieros que padece la escuela, en un contexto de crisis financiera internacional. La ley, que afecta a todos los niveles de la educación pública, básicamente consiste en el recorte del presupuesto y del personal para la educación en unas dimensiones sin precedentes, y tiene los siguientes puntos conflictivos:

  Maestro único en primaria, hasta los 10 años, con lo que se pretende reducir el número de profesores, empeorando la calidad de la educación y generando masificación en las aulas. Especialmente grave es la reducción de profesores de apoyo para los alumnos con diversidad funcional, imposibilitando así que dichas personas, que ya parten de una situación social de desventaja, puedan tener un desarrollo pleno y con todos los derechos garantizados. Además, se eliminan así de un plumazo miles de puestos de trabajo.

  Final del "tempo pieno", es decir, fin de la financiación para las actividades extraescolares por las tardes, dejando libertad a cada centro para programarlas si lo considera oportuno. En realidad, sólo podrán hacerlo aquellos centros que cuenten con la financiación de las familias más pudientes, dejando al resto de estudiantes la tarde libre, con la carga que ello supone para las familias de clase trabajadora.

  Reducción de las horas lectivas en la escuela superior (institutos), lo cual entra en contradicción con el discurso que también utiliza la Gelmini y el gobierno Berlusconi sobre la falta de hábito de estudio y la ignorancia del estudiantado, para justificar la reforma.

  Calificación de la conducta, una medida especialmente polémica, no sólo por su contenido, que establece prácticas de control disciplinario sumamente autoritario en la escuela, sino porque es un elemento de evaluación que, no por casualidad, introdujo el fascismo. Consiste en calificar la conducta del estudiante, como si se tratara de una asignatura más e incluir la nota en el expediente académico, al mismo nivel que se incluyen los conocimientos sobre historia, matemáticas o geografía.

  En cuanto a la Universidad, se recortan los presupuestos para la investigación; así, por ejemplo, se prevé no contratar a ningún nuevo investigador en el año 2009. Se establece también que las Universidades Públicas puedan adoptar los criterios de gestión y de financiación de las fundaciones privadas, pudiendo elevar las tasas que deben pagar los estudiantes por encima del 20% de la financiación de la Universidad, que establece la ley actual. Además, se abre la puerta de los órganos de gobierno de la Universidad a las empresas privadas, pudiendo decidir éstas sobre cuestiones clave como los programas de estudio. Y también se reduce el personal de servicios y el profesorado; por cada cinco jubilaciones, solo habrá una nueva contratación. Es, por lo tanto, un ataque en toda regla al estudiantado de clase trabajadora y a los propios trabajadores. En realidad no se propone ninguna reforma, sino sólo recortes de financiación pública y de personal, pues a nivel académico, la estructura de la didáctica permanece sin cambio alguno; todo queda en manos del capital privado externo, que será quien decida cómo serán los programas de estudio.

  Además de todo esto, la ministra Gelmini, hizo en octubre unas declaraciones públicas en las que afirmaba cosas como que "la enseñanza es pública siempre, también cuando se desarrolla en escuelas concertadas", que las familias deben poder elegir si quieren que sus hijos estudien en escuelas públicas o privadas, que se está valorando por parte del gobierno que el Estado pague también a los profesores de la escuela privada, y que ya es hora de sacar de la academia el conflicto político y de que los profesores dejen de utilizar sus cátedras para hacer política, es decir, que para esta señora la libertad de cátedra supone un estorbo que impide convertir la enseñanza en un lujo reservado a las élites.

  Tampoco conviene olvidar el papel desempeñado por Tremonti, el ministro de Economía: mientras que es el principal impulsor de estas medidas de reducción del gasto público en ámbitos tan centrales como la educación, no tiene ningún escrúpulo en gastar dinero público para salvar empresas como Alitalia (propiedad de Berlusconi), salvar a los bancos de la crisis, o construir un puente que nadie ha pedido en el estrecho de Mesina, cuyos únicos beneficiarios serán la mafia calabresa-siciliana y sus negocios.

  Resumiendo, se trata de una reforma que ataca a la esencia misma de la educación pública como derecho universal. Una reforma similar a la de los otros países europeos que han firmado la declaración de Bolonia de 1999, pero que muestra que la cacareada convergencia europea en materia educativa es en realidad falsa, pues presenta ritmos distintos y, además, los vagos criterios de Bolonia se imponen con leyes diferentes según la realidad de cada Estado.

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